Inseguridad, lastre de México: OCDE
El alto índice delictivo que enfrenta el país encarece los costos de producción de las empresas; la OCDE entregó al Gobierno un estudio que permitirá avanzar en la lucha contra la inseguridad.
Publicado: Jueves, 01 de noviembre de 2012 a las 19:50
CIUDAD DE MÉXICO (Notimex) — La Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) entregó al
Gobierno mexicano un estudio que permitirá avanzar en la lucha contra la
inseguridad, un fenómeno "que le quita el sueño" a la mayoría de los
mexicanos y que impacta en la actividad económica del país.
Durante el panel Seguridad, justicia penal y competitividad, el
secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría Treviño, dijo que
además de las consecuencias en materia social y de Estado de derecho, la
inseguridad tiene un impacto directo en la economía del país.
Afirmó
que el alto índice delictivo que enfrenta el país encarece los costos
de producción de las empresas, así como las exportaciones por la
contratación de seguros.
Lo anterior, entre otros aspectos,
"termina por obstaculizar la creación de empleos y por lo tanto la
calidad de vida de los mexicanos", expresó Gurría Treviño en el marco de
la presentación del estudio "Fortalecer el uso de evidencia en las
políticas de seguridad y justicia en México".
Destacó que si bien
México registra la tasa más alta de asesinatos dentro de los países que
integran el organismo mundial, a nivel América Latina no es así. Por
ello, afirmó, existe para México un área de oportunidad en materia de
procuración de justifica y seguridad.
Manifestó que el estudio,
que se elaboró en colaboración con el Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO), ofrece un mapeo del índice delictivo en las
diferentes entidades del país, lo cual otorga mayor posibilidad de "ir
luchando en contra del fenómeno y de asignar mejor los recursos".
Asimismo, permitirá conocer con certeza, transparencia y regionalidad ,datos específicos en materia de inseguridad nacional.
El
documento, presentado al Gobierno federal a través de la Secretaría de
Economía (SE), tiene como objetivo que sea utilizado en la generación de
políticas públicas en materia de gobernabilidad, aspecto importante
para fortalecer la competitividad del país.
El director del IMCO,
Juan Pardinas, consideró que la inseguridad es un problema muy
focalizado, por lo resulta injustificado sostener que todo el territorio
mexicano enfrenta un problema de alto índice delictivo.
Ejemplificó
que si bien el estado de Chihuahua registra alrededor de 88 homicidios
por cada 100,000 habitantes, Yucatán reporta cerca de cinco por ese
número de habitantes.
En materia de justicia penal, refirió que
mientras Baja California Sur registra una tasa de 63% respecto a la
población en prisión en espera de sentencia, en Puebla ese porcentaje es
de 28%, en tanto que el promedio nacional es de 44.5%.
De
acuerdo con Juan Pardinas, el estudio reveló que existen brechas en la
disponibilidad y calidad de información para medir el desempeño del
sistema de seguridad y justifica penal en México, en especial a nivel
subnacional.
Ante ello, propuso generar información estandarizada
y comparable sobre el sistema de justicia; fortalecer la coordinación
interinstitucional entre los diferentes niveles de gobierno y
estandarizar las estadísticas de criminalidad regional en América
Latina.
La Secretaría de Economía dio a conocer que el documento
permite dar los primeros pasos en la visualización de la relación del
binomio seguridad-competitividad en los estados.
Asimismo,
proporciona información para el análisis, toma de decisiones y creación
de políticas públicas transversales, que incurran en una mejora
sistemática del desempeño en materia de seguridad y competitividad de
las entidades federativas.
La dependencia refiere que encargó la
elaboración del estudio por considerar que se trata de una valiosa
herramienta que se traducirá en una eficiente aplicación de la ley, pilar fundamental para el fortalecimiento de la competitividad.
Lo
anterior, al reconocer que brindar seguridad y justicia no sólo es
importante para la gobernabilidad, sino el precursor de una economía
sana que respeta la propiedad y la seguridad de los trabajadores y en la
reducción de los riesgos para invertir y los costos para hacer
negocios.
El estudio le ofrece a las entidades federativas
recomendaciones en la aplicación de justicia penal y de seguridad, lo
que impactará positivamente en un mejor clima de negocios e inversión.
El
próximo 26 de noviembre se presentarán los resultados del estudio al
gabinete de seguridad, así como al Consejo de Seguridad Pública, y se
distribuirán entre gobernadores, universidades y centros de
investigaciones interesados, con el objetivo de sumar sinergias para la
generación de políticas públicas.
